¡No a la vuelta al trabajo!

La decisión del Gobierno de enviar al trabajo desde el pasado día 9 de abril a miles de trabajadores de actividades consideradas no esenciales responde a la presión del poder económico y financiero, que por un lado no quiere ver limitados sus beneficios y por otro no desea seguir pagando permisos retribuidos a sus trabajadores por el confinamiento forzoso.

Nuevamente, como ya nos tienen acostumbrados históricamente el Capital y el Estado, se priman los intereses empresariales frente a la salud y el bienestar de los trabajadores y trabajadoras.

Le costó poco al Gobierno levantar la hibernación económica, porque, como se puede observar cuando las organizaciones empresariales cuestionan decisiones de los gobernantes, éstas cambian instantáneamente. Claro que para el Estado y el Capital es fácil tomar estas decisiones porque los que se exponen y se convierten en carne de cañón somos los de siempre, los trabajadores y trabajadoras.

El Capital y el Estado vuelven a sacrificar a la clase obrera en aras de sus intereses. El Gobierno, al servicio de la gran patronal y de la banca, ya había sido estos días muy permisivo con las inspecciones en las empresas para ver si se cumplían las medidas de seguridad frente a la pandemia. Esa flexibilidad no la han demostrado, sin embargo, en las calles, reforzando la vigilancia policial, fomentando la delación entre vecinos y sancionando a diestro y siniestro a la gente de a pie. No se conocen las sanciones impuestas a empresarios por jugar criminalmente con la salud de sus trabajadores. Sí sabemos, sin embargo, que ha habido más de medio millón de multas impuestas por las fuerzas represivas contra la gente del pueblo, y ello a pesar de que la propia abogacía del Estado ha cuestionado la legalidad de estas sanciones por ‘desobediencia’.

La decisión del Gobierno y de los poderes económicos de obligar a los trabajadores a volver a sus puestos de trabajo antes de que se haya controlado la pandemia del COVID-19, es criminal, tanto porque hará enfermar o matará a los propios trabajadores, como porque les convertirá en factores de contagio para sus familias y a la población en general.

Nos oponemos radicalmente a estas decisiones del poder económico y político y pedimos a la clase obrera que se movilice y detenga con todas sus fuerzas el regreso al trabajo con los elevados riesgos que ello conlleva todavía en un momento en el que son ya 18.579 los muertos por el virus y 177.633 los contagiados.

¡Defendamos la salud de los trabajadores y trabajadoras!

Federación Anarquista Ibérica