Para ke sus nuevas smart cities funcionen adecuadamente, se rekiere poca cantidad de habitantes, eso lo sabe el sistema ke está construyendo smart cities en todo el mundo y por eso están llevando a cabo todas estas medidas de control y represión focalizada a lxs ilegales e informales ke en su mayoría son gente de la llamada "clase baja" o "clase media baja".
Entonces ante toda esa medida represiva (ahora más con esta pandemia creada y planificada), lo más rápido (también xq ya no hay tiempo pa tomar medidas a largo plazo xq la mákina aplanadora legal y policial del estado está ya encima de lxs ilegales con todas sus formas de represión ke la rekieren) es pedir la regularización de los sectores mencionados en el subtítulo y otros más ke por ahí se me olvidó mencionar.
Pero más ke mi negación a esa medida, es la preocupación de ke al lograrse ese pedido, estos grupos keden registrados en todas sus formas y así serán fácilmente reprimidos más adelante, xq además el "brazo bueno y acogedor" del Estado no alcanzará para todxs. De hecho el dinero y la infraestructura hay, pero lo ke no hay es las ganas y el interés de segregar grupos para ke sus nuevas smart citites funcionen al ritmo y forma ke planean. Ahora no necesitan muchxs esclavxs, xq ya los futuros esclavos (robots - las mákinas también son robots) estarán ahí para hacerles la vida más placentera, claro, para lxs ke puedan pagar x ella.
Como ejemplo pongo esto:
Cuando un grupo de personas realizan una protesta o marcha o como se le llame, se supone tiene el llamado "derecho" de su lado, pero sale el estado y su fuerza policial a decir (con palo y bala de por medio) ke para eso se necesita un permiso ke x supuesto lo debe aprobar o conocer el estado. Entonces si nadie se kiere "ganar" problemas, accederán a pedir ese permiso con todo lo ke eso implica. En ese permiso estarán registrados los nombres, direcciones, oficios,... de lxs convocantes (y hasta de lxs participantes más adelante) para así garantizar ke su protesta, marcha,... se realice dentro de las medidas ke el sistema de dominación manejada x el estado y sus fuerzas armadas dicten. Si se salen de esos parámetros (pacifismo y obediencia), estxs convocantes kedan expuestxs a denuncia legales con todo lo ke eso implica: seguimiento, hostigamiento, represión, detención,.. hasta desaparición. Como ya se sabe, una protesta ke no se torna violenta x parte de lxs manifestantes, es un susurro en pleno bombardeo. Y eso es lo ke kiere el sistema de dominación, ke solo susurremos y dejemos en trankilidad a nuestrxs opresorxs, x eso nos adoctrinan a través de la prensa, películas, series y programas sobre la obediencia y las formas de protestar. Les recomiendo ver o conocer lo ke la Serie "Somos La Ola" https://invidious.snopyta.org/watch?v=mD7VhpABUi4 (no es la únca ni la primera ni la última) profundamente nos dice en su proyección. Chicxs rebeldes ke kieren kemarlo todo, pero ke finalmente se dan cuenta ke ese no es el camino, y terminan haciendo plantón como DxE y otras ongs y agrupaciones autoritarias, hipócritas y apagafuegos. Y estos últimos tiempos han aumentado mucho. Les recomiendo leer el artículo : "La desradicalización del movimiento ecologista : desde 1972 hasta hoy (Por Nicolas Casaux) " https://www.partage-le.com/2019/02/23/la-desradicalizacion-del-movimiento-ecologista-desde-1972-hasta-hoy-por-nicolas-casaux/ Finalmente : ¿esa regularización sirvió a las demandas a la lucha, o le sirvió al sistema de dominación?
Espero ke pensemos en esto y sigamos en la clandestinidad ke es la única forma en la ke podemos vivir y respirar en libertad. Y escapar de las garras del Estado, o al menos no hacerles el trabajo más fácil.
Copio el artículo ke encontré en una página acerca de estos pedidos de regularización, en la ke me solidarizo con los grupos reprimidos y a mi manera como muchxs ya hacen seguiremos dando batalla a toda represión/dominación:
Más de 100 colectivos y organizaciones demandan la regularización para las personas migrantes sin papeles
Más de 100 colectivos y organizaciones exigen en una carta al Gobierno la regularización de las alrededor de 600.000 personas que, se calcula, se encuentran en situación administrativa irregular en el Estado español y que han quedado fuera de los paquetes de medidas aprobadas para mitigar el impacto económico y social lo que agrava, aún más, sus condiciones de vida.
Desde esta red antirracista denuncian que la crisis sanitaria, económica, social y de cuidados por el coronavirus ha puesto en evidencia, por una parte, los efectos de las políticas de ajuste de los últimos años en los ámbitos sanitarios, sociales, laborales, económicos etc., y, por otra, el agravamiento de las condiciones de vida de las poblaciones en situación de vulnerabilidad, dentro de ellas la población migrante sin papeles.
“La crisis por el Covid-19 nos ha dejado en una situación extremadamente difícil por la falta de recursos y la exclusión social”, asegura Lamine Sarr, del Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes de Barcelona, que forma parte de esta campaña. “Desde el Gobierno, dicen que no van a dejar a nadie atrás pero nos han dejado fuera de todas las medidas de emergencia social, así que hemos puesto en marcha un banco de alimento que nos ayudará a cubrir algunas de las necesidades básicas de más de 340 familias”, añade.
Además, Sarr denuncia que han sido identificados y amenazados por la policía cuando iban a distribuir las batas, gorros de médico para hospitales y mascarillas para colectivos y personas en situación de vulnerabilidad que están fabricando en su tienda de ropa.
Por otra parte, Kenia García, del Colectivo de Prostitutas de Sevilla, uno de los colectivos que participa de esta red, señala las consecuencias de carecer de documentación en regla. “El colectivo de trabajadoras sexuales se encuentra, hoy más que nunca con la crisis sanitaria, en los márgenes de los márgenes porque no está reconocido como trabajo dejándonos fuera del sistema, además -incide- sufrimos violencia social e institucional que se agudiza más con una situación administrativa irregular viviendo con angustia a ser deportadas, sin acceso a vivienda, sanidad y sin derechos. Desde la exclusión no tenemos herramientas para hacer frente a los abusos y explotación. No somos víctimas ni vulnerables, somos personas con los derechos humanos y fundamentales vulnerados”. Contra las medidas instrumentalizadoras de personas migrantes
Asimismo, los colectivos migrantes señalan que desde el inicio del estado de alarma las propuestas del Gobierno no les han tenido en cuenta y las que se han ido tomando como el Real Decreto Ley 13/2020 responden a un carácter instrumentalista y mercantilista de “regularización selectiva” ya que responde a incorporar mano de obra en el sector agrario para evitar el posible desabastecimiento de alimentos durante esta crisis. Consideran que son políticas insolidarias que no responden a la realidad que viven las personas migrantes y refugiadas.
“Es necesaria una regularización de todas para poder ejercer el derecho a la movilidad y tener la posibilidad de ocupar cualquier puesto de trabajo y no solo los que no quieren las personas privilegiadas, como son la recogida de fruta, el cuidado de ancianos o la limpieza”, asegura el representante del Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes de Barcelona.
Edith Espinola, portavoz de SEDOAC (Servicio Doméstico Activo), indica al respecto que el Estado tiene “naturalizado” que su estado de bienestar y conciliación de vida “se debe seguir sosteniendo sobre la apropiación de la vida de mujeres del sur global, explotadas y abusadas para brindar servicios, cuidados y recolectar alimentos, siempre en la economía sumergida, sin derechos y explotadas”. “Las asociaciones de trabajadoras hogar estamos aquí para demandar el fin del trabajo esclavo y la regularización inmediata de las personas migrantes que reduciría su situación de vulnerabilidad”, apunta.
En este mismo sentido se manifiesta Dolores Jacinto, representante de la Asociación Intercultural de Profesionales del Hogar y los Cuidados (AIPHYC), de València. “El 30 por ciento de las trabajadoras del hogar y los cuidados trabaja en la economía sumergida. Muchos de los empleadores no quieren hacerse cargo de los derechos que actualmente tiene reconocido el sector, por lo tanto prefieren contratar a alguien que esté todavía sin documentación para poderse ahorrar una parte”, afirma. “Desde AIPHYC, consideramos que la regularización de las personas migrantes es necesaria para que los derechos dejen de ser un privilegio de unos pocos y algo inalcanzable para otras”, explica.
Por todo ello, más de 100 colectivos y organizaciones presentan hoy una carta al Gobierno con la petición de una regularización urgente, amplia y extraordinaria de todas las personas migrantes que viven en el territorio español, independientemente de los requisitos administrativos de las distintas figuras que impone la Ley de Extranjería, la liberación inmediata de todas las personas internas en CIEs y CETIs de Ceuta y Melilla y el cierre definitivo y permanente de estos centros, entre otras demandas.
Además, las firmantes del documento destacan que, desde el Gobierno, se pide que este virus lo paremos unidas y que esto no será posible si hay una parte de la población en las condiciones de desigualdad en la que se encuentran las personas en situación administrativa irregular. De esta forma, apelan a la necesidad de una regularización urgente, amplia y extraordinaria que permita la igualdad de derechos de toda la ciudadanía para luchar y salir juntas de esta crisis.
Comments
No comments yet. Be the first to react!